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03

Jun 2016

Segregación de finca y alteración de elementos comunes para acceso independiente.

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Se refiere a la propiedad horizontal el artículo 396 del Código Civil (CC) cuando señala que “Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute”, elementos comunes entre los que cita el suelo, el vuelo, cimentaciones y cubiertas, elementos estructurales, fachadas, etc., y viene regulada por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad Horizontal (LPH) , según la cual – artículo 1 – “tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública.”; en ambos preceptos aparece como consustancial a la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal la posibilidad de aprovechamiento independiente, como una cualidad esencial de la propiedad, y el acceso independiente a la vía pública o a un elemento común del edificio como una cualidad esencial o condición inherente a la propiedad para ese aprovechamiento.

El problema se plantea cuando un local en propiedad horizontal que constituye una única finca registral, que puede estar en una o en varias plantas, y  al que se accede a través de un único punto de acceso, se produce una segregación como consecuencia de la cual se divide en dos o más fincas, quedando el acceso al local para utilización exclusiva de uno solo de los locales resultantes de la segregación, de forma que el otro local, constituido como finca independiente, queda aislado del resto del local y sin acceso a un elemento común del edificio o a la vía pública.

La realización de obras de apertura de ese acceso que permita un aprovechamiento independiente de la finca que ha quedado sin acceso, bien sea en la fachada del edificio para acceder directamente al exterior, caso de tratarse de un bajo comercial, bien sea a un elemento común del edificio, como el zaguán de entrada, o el rellano de la escalera, caso de tratar de un entresuelo, implica una grave alteración de un elemento común del edificio; ¿puede denegarse por la comunidad la solicitud de autorización para conseguir ese acceso independiente? Y una vez denegada, ¿es posible obtener la nulidad de dicho acuerdo y la consecución de dicho acceso?

02

May 2016

Cómo se computa la abstención, para la obtención de mayorías, en juntas de propietarios.

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En diferentes artículos de este mismo blog nos hemos referido en ocasiones a las mayorías precisas para la adopción de determinados acuerdos por las juntas de propietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal, mayorías a las que se refiere el artículo 17 de su ley reguladora, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que requiere, según los casos, la concurrencia del voto favorable de un tercio de los miembros de la comunidad, que representen a su vez un tercio de las cuotas de participación, o el voto favorable, por doble mayoría también del total de miembros y cuotas, de tres quintos, y en determinados casos  – los acuerdos no regulados expresamente en el mismo artículo, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad – en los que se requiere para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación.

Como es muy difícil que tales mayorías puedan producirse en el mismo acto de celebración de la junta de propietarios, por la falta de concurrencia de los mismos a su celebración, el mismo precepto legal establece una presunción legal, y es que, salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, “se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.”

Hasta parece que todo está bastante claro, y que solo hay que computar los votos a favor o en contra, o en su caso esperar al transcurso del plazo previsto para computar de una forma u otra los votos de los ausentes en la celebración de la junta, pero ¿qué ocurre con los que se abstienen en la junta, a la hora del cómputo de la mayoría en la misma, para que se entienda aprobado o rechazado un acuerdo y, en su caso, para computar como favorables los votos de los ausentes que no se opongan expresamente en el plazo legal y comprobar si se alcanza el quorum?

03

Abr 2016

Cerramiento de terrazas y balcones mediante el sistema de paneles o cortina de cristal.

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Ya tuve la oportunidad de referirme en una ocasión a la alteración de elementos comunes, como la fachada, así como más específicamente al cerramiento de terrazas y balcones a propósito de las modificaciones introducidas en la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal por la ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación y regeneración urbanas, para examinar si dicha reforma había supuesto alguna modificación al régimen de unanimidad exigible para la aprobación de dichos cerramientos, en cuanto que las terrazas y balcones forman parte de la fachada, que es un elemento común del edificio, por definición (artículo 396 CC), y ello en base a la redacción del nuevo artículo 10.3 b) LPH, que se refiere a la suficiencia de una mayoría de tres quintos para la alteración de la estructura o fábrica del edificio, “incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética…”; y concluíamos señalando que las terrazas y balcones continúan siendo un elemento común para cuya modificación mediante un cerramiento es necesaria su autorización en junta por la unanimidad de propietarios, por afectar al título constitutivo, salvo en el concreto supuesto citado, que es una excepción a ese régimen.

La cuestión, en el supuesto de los cerramientos habituales con perfilaría de aluminio, está bastante clara en términos generales, al margen de situaciones particulares que habría que examinar caso por caso, dado el casuismo existente en materia de propiedad horizontal, y cualquier acuerdo de junta de propietarios que acordara dar dicha autorización sin cumplir dicho requisito de unanimidad, bien sea con carácter previo a su realización, aprobando por mayoría el permiso solicitado, bien sea a posteriori, dando el visto bueno al cerramiento ya efectuado por un propietario – como es el supuesto al que se refiere, por ejemplo, la SAP Guipúzcoa (Sección 2ª) núm. 224/2013, de 30 de julio – es impugnable dentro del plazo legal ante los tribunales por cualquier propietario de la comunidad.

¿Pero qué ocurre con los cerramientos tipo pantalla o cortina de cristal, con perfilaría atornillada que sirve de guía  a los paneles de cristal plegables, que es imperceptible desde el exterior? ¿Podría constituir una excepción a dicho régimen? ¿Requiere permiso previo de la comunidad, o puede hacerlo el comunero sin necesidad de solicitarlo?

01

Mar 2016

Legitimación del presidente de la comunidad de propietarios para el ejercicio de acciones judiciales.

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Cuando se trata del ejercicio de  acciones judiciales hay que diferenciar, entre la “legitimatio ad procesum” que es la capacidad para ser parte procesal, es decir, la capacidad que es necesario ostentar para ser sujeto de una relación procesal y poder realizar actos procésales válidos y con eficacia jurídica, y la “legitimatio ad causam”, que consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte, es decir, se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (ya sea activa o pasiva, como actor o demandado) y el objeto jurídico pretendido. La legitimación “ad causam” constituye un presupuesto que debe ser examinado de modo previo al conocimiento del asunto, porque  en el caso de estimar la cuestión de su falta, planteada como excepción procesal, no puede ser estimada la acción si quien la ejercita no es parte legítima, lo que determina además que deba ser apreciada de oficio, ya que su reconocimiento – STS 260/2012, de 30 de abril (RJ 2012/4715) –  “coloca o no al sujeto en la posición habilitante para impetrar la aplicación de la ley a un caso concreto mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional.“

Tratándose de comunidades de propietarios establece el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que tienen capacidad para ser parte en un proceso ante los tribunales civiles “5. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.” – entre las cuales están las comunidades – que, según el art. 7 LEC [Comparecencia en juicio y representación], deberán comparecer “…en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades.”, por lo que las comunidades de propietarios deben comparecer en juicio por medio de su Presidente que es quien ostenta legalmente, según el artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), “… la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten.”; eso significa que el presidente es la persona que ostenta lo que hemos denominado legitimatio ad procesum, es decir, la capacidad de realizar actos procesales válidos y con eficacia jurídica en nombre de la comunidad de propietarios a través de una representación que es de carácter orgánico, como recuerda la STS núm. 679/2003 de 8 julio (RJ 2003\4612) – como tuvimos ocasión de tratar en la delimitación de las competencias del presidente , lo que significa que el presidente representa a la comunidad, no en el sentido técnico de representante, pues sus actos no son de representación aislada e independiente que requiera en cada caso de poderes específicos, ni obra en virtud de la concesión de un poder de carácter general, sino que actúa como auténtico órgano del ente comunitario al que personifica en las relaciones externas del mismo, sustituyendo con su voluntad individual la voluntad social o común.

¿Significa esto que el presidente de una comunidad de propietarios está legalmente legitimado para actuar judicialmente en defensa de los intereses de la comunidad, que tiene la legitimación ad causam, sin necesidad de un mandato específico, vinculando a la comunidad con su actuación, como si se tratara de actos realizados en su propio interés, sin perjuicio de la relación interna entre ambos y, por tanto, de la necesidad de responder de su gestión ante la junta?

25

Feb 2016

Nuevos plazos y pago anticipado en las subvenciones para rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia.

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El 22 de abril de 2015 dábamos cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el día 17 de abril, de la Orden de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento, por la que se aprobaban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia; el 12 de mayo de 2015 lo hacíamos de la publicación de la Orden de 6 de mayo de 2015, de la misma Consejería de Fomento, por la que se aprueba la convocatoria de esas subvenciones ; y el 8 de enero de 2016 informábamos de una nueva convocatoria de subvenciones a la rehabilitación en la Comunidad Autónoma de Murcia, tras la publicación en el BORM el 31 de diciembre de 2015 de la Orden de 28 de diciembre, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia, una Orden que seguía el mismo esquema trazado en las bases reguladoras de la convocatoria, incluso en el orden de su articulado y, entre otras cosas, como no puede ser menos al ajustarse a las bases reguladoras, mantenía los mismos plazos de presentación de documentación y ejecución las obras que la anterior convocatoria, y la misma forma de pago de la subvención concedida.

Ya señalábamos a propósito de esta última Orden que el artículo 7 establecía un plazo de presentación de solicitudes de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria, es decir, que dicho plazo finalizaba el 29 de febrero de 2015, lo que dificultaba mucho a las comunidades de propietarios poder acogerse a la convocatoria, dado el volumen de documentación jurídico –administrativa y técnica que hay que aportar, y que, además, sorprendentemente, el plazo máximo de ejecución de las obras era el mismo que el de la anterior convocatoria, el 30 de septiembre de 2016  (art. 14 de la Orden), lo que resultaba absolutamente  inexplicable, dados los tiempos de respuesta de la Administración, que iban a consumir buena parte de ese tiempo.

Pues bien, parece que la mía no era una opinión aislada y, aunque ya se anunció hace unos días en los medios de comunicación, es hoy cuando se ha publicado en el BORM la Orden de 24 de febrero de 2016 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se modifica la Orden del 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia

Esta Orden viene a modificar, como decimos, la Orden de 30 de marzo de 2015, que en su artículo 5 se refiere al plazo máximo de ejecución de las actuaciones, en su artículo 13 regula la forma de pago de las ayudas reconocidas, y en el artículo 14 la forma de justificación de las mismas, y todo ello con el objeto de facilitar al mayor número posible de comunidades de propietarios y otros posibles beneficiarios el acceso a las ayudas para acometer obras de reparación y rehabilitación de los edificios al amparo del Plan 2013- 2016, atendiendo a la demanda de los distintos sectores que intervienen en las actuaciones de rehabilitación de edificios. Y a tales efectos, tras la reforma:

 – Se establece como nuevo plazo para la ejecución de las actuaciones, que pasa de ser el 30 de septiembre de 2016 a ser el 31de mayo de 2017.

– En cuanto al pago de la ayuda, para el que se distinguía entre obras mayores y menores, estableciendo paras las primeras un pago adelantado del 30% de la subvención previa presentación de la licencia municipal para ejecutar las obras, y certificado de inicio de obra del técnico director de obra, pagándose el 70% restante una vez aportado el certificado final de obra firmado por el técnico director de la misma, y previa justificación de la subvención, contemplando para las obras menores un pago único al final, ahora se contempla – tras la modificación del artículo 13 de la Orden de 30 de marzo de 2015  – un pago anticipado por la parte correspondiente a la CARM con la resolución de reconocimiento de la subvención, que equivale al 35% de la ayuda estatal que corresponda.

– En cuanto a la justificación de los pagos se modifica el artículo 14 de la Orden, para acomodarlo al nuevo plazo de terminación de obras, sigue siendo un plazo de un mes, pero ahora termina el 30 de junio de 2017.

En definitiva, unos plazos un poco más realistas, aunque sigue siendo muy breves para solicitud y aportación de documentación – que por cierto, pese a estar anunciado y ser en cierta forma oficial, no he encontrado la prórroga hasta el 31 de marzo del plazo para la solicitud que vence este próximo 29 de febrero – porque los que estaban en vigor hacían casi ilusoria la posibilidad de acogerse a esas ayudas, y una mejora notable en el pago de la ayuda que ahora sí que se anticipa –antes era también ilusorio porque para empezar las obras hay que anticipar un pago al constructor – al pagarse una parte importante con la concesión de la ayuda.