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03

Ago 2019

The power of the president in a community of owners.

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The Law that regulates the regime of the owners´ communities (Horizontal Property Law, hereafter LPH) refers in its article 13 to the community governing bodies, indicating as such the owner´s general assembly, the president and, where applicable, to a vice-president, a secretary and an administrator.

About the president, who «shall be appointed from among the owners», so he must be an owner (not the husband, the wife or the son of an owner), establishes Article 13.3 LPH that «shall legally represent the community both in and out of court, in all matters related to the community», also hold functions such as defending the community´s interest, requiring owners to cease prohibited activities, give approval to certificates, subpoenas and notifications issued by the secretary, convene and preside owners’ assembly, sign the minutes of the meetings, receive communications for the execution of works, etc.

On the other hand, there is no doubt that it corresponds exclusively to the owners´ general assembly, appoint and dismiss the governing bodies of the community, approve the plan of income and expenses, approve the budgets and execution of works in the community (without prejudice of the urgent measures that must be adopted), approve or reform the community statutes or the internal rules, approve modifications of the community constitutive deed or the exercise of judicial actions against the owners who have infringed it, etc.

But the competences´ delimitation is not always so clear, and the question that often arises is what is the scope of the powers of the president with the owners´ general assembly, since legally it is the president who hold that legal representation, but it is the assembly of owners the sovereign governing body of the community to which legally take the most important decisions, and while there are some expertshat do not admit any doubt on this matter other experts disagree.

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01

Jul 2019

Fuero competente para la reclamación de cuotas de comunidad en el ámbito de la Unión Europea. La STJUE de 8.05.2019.

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La sentencia objeto de comentario es la STJUE, B. Andrew Kerr c. Pavlo Postnov y Natalia Postnova, asunto C-25/18, 8 de mayo de 2019, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, conforme a lo previsto en el artículo 267 TFUE por el Okrazhen sad — Blagoevgrad (Tribunal Provincial de Blagoevgrad, Bulgaria), mediante resolución de 19 de diciembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de enero de 2018. Dicha petición tiene por objeto la interpretación del artículo 7.1.a del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y del artículo 4.1.b y c del Reglamento (CE) n.º 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en el contexto de un litigio en relación con el impago de las cuotas anuales del presupuesto de la comunidad de propietarios de un inmueble en propiedad horizontal.

Los hechos objeto de esta petición de decisión prejudicial son los que siguen:

  • El Sr. Postnov y la Sra. Postnova, con domicilio en Dublín (Irlanda), son propietarios de un apartamento que forma parte de un inmueble en propiedad horizontal situado en Bansko (Bulgaria).
  • En las juntas anuales de propietarios de ese inmueble se adoptaron acuerdos sobre las cuotas anuales para el mantenimiento de los elementos comunes.
  • El Sr. Kerr, en su calidad de administrador del mencionado inmueble, presentó una demanda ante el Rayonen sad Razlog (Tribunal de Primera Instancia de Razlog, Bulgaria) solicitando que el Sr. Postnov y la Sra. Postnova fueran condenados al pago de las cuotas anuales impagadas, y al pago de una indemnización por demora.
  • Mediante un auto que resolvió dicha pretensión, el Rayonen sad Razlog (Tribunal de Primera Instancia de Razlog) consideró que, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, carecía de competencia para conocer del litigio que enfrentaba al Sr. Kerr con el Sr. Postnov y la Sra. Postnova, dado que estos tenían su domicilio en Dublín y no se cumplían los requisitos de aplicación de las excepciones a la regla de competencia general contenida en esa disposición.

Interpuesto recurso contra dicho auto ante el órgano jurisdiccional remitente, el mismo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales principales, que son:

  1. Si los acuerdos de comunidades de propietarios, que carecen de personalidad jurídica, generan una «obligación contractual» a efectos de la determinación de la competencia internacional conforme al artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento.
  1. Si procede considerar que los acuerdos de comunidades de propietarios sobre gastos para el mantenimiento de edificios deben calificarse de «contratos de prestación de servicios» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 593/2008] o de contratos sobre un «derecho real» o de «arrendamiento», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento?

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03

Jun 2019

Nulidad de la primera citación o emplazamiento en la dirección electrónica habilitada única.

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La Dirección Electrónica Habilitada (DEH) es una dirección electrónica en la que cualquier persona puede recibir las notificaciones administrativas que por vía telemática puedan realizar las Administraciones Públicas, a la cual hay asociado un buzón electrónico en el que cada titular puede recibir las notificaciones electrónicas de aquellos procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse, salvo que esté obligada a su uso, en cuyo caso es asignada de oficio.

Entre las Administraciones está la de Justicia, y entre los obligados a tener una DEH las personas jurídicas y comunidades de propietarios, por lo que cuando se iniciaba un proceso judicial contra ellas los juzgados practicaban la citación o emplazamiento en ese buzón electrónico, suscrito o asignado de oficio. Ello tenía como consecuencia que había quien no tenía conocimiento de la existencia de ese proceso, que seguía su curso con la sociedad o comunidad declarada en rebeldía, en ocasiones hasta sentencia, sin haber tenido oportunidad de defenderse.

Pues bien, el pasado 29 de mayo el secretario general de la Administración de Justicia, comunicó a todos los secretarios de gobierno de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo su obligación de notificar la citación o primer emplazamiento a las sociedades y demás personas jurídicas demandadas —y también a los entes sin personalidad jurídica con capacidad para ser parte, ex artículo 6.1,5º LEC, como son las comunidades de propietarios— de forma presencial en su domicilio, y no de manera telemática.

Dicha comunicación se produjo tras la publicación en el BOE de la STC 47/2019, de 8 de abril, que falló a favor de una empresa que fue citada para un acto de conciliación y para el posterior juicio laboral en su dirección electrónica habilitada, en lugar de mediante correo certificado en su domicilio social, por lo que, al desconocer dicha comunicación telemática, los representantes de la empresa no comparecieron en el juzgado, fueron declarados en rebeldía, y se estimó la demanda contra ella sin tener oportunidad de defenderse.

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