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18

Mar 2019

Subvenciones destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables: energía solar fotovoltaica.

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Hoy se se publica en el BORM  el extracto de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

  • Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas propietarias, arrendatarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
  • Procedimiento: Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras.
  • Plazo para presentar la solicitud: 45 días a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto.
  • Forma de presentación:electrónica o de manera presencial.
  • Total presupuestado: 300.000€

Una buena oportunidad para quien estuviera pensando en una instalación de estas características. 45 días a partir de hoy

José Ignacio Martínez Pallarés

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03

Mar 2019

Salvar el voto en una junta de propietarios.

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Dice el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que los acuerdos de la junta de propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios, cuando resulten gravemente lesivos para los interese de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportar o se hayan adoptado con abuso de derecho, y a continuación añade que «2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta…», además de los ausentes y los indebidamente privados del derecho de voto.

La cuestión es, qué significa «salvar el voto», una exigencia que fue introducida por la Ley 8/1999, de 6 de abril, porque hasta dicha reforma quien estaba legitimado para impugnar los acuerdos de junta era cualquier propietario disidente.

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