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03

Jun 2019

Nulidad de la primera citación o emplazamiento en la dirección electrónica habilitada única.

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La Dirección Electrónica Habilitada (DEH) es una dirección electrónica en la que cualquier persona puede recibir las notificaciones administrativas que por vía telemática puedan realizar las Administraciones Públicas, a la cual hay asociado un buzón electrónico en el que cada titular puede recibir las notificaciones electrónicas de aquellos procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse, salvo que esté obligada a su uso, en cuyo caso es asignada de oficio.

Entre las Administraciones está la de Justicia, y entre los obligados a tener una DEH las personas jurídicas y comunidades de propietarios, por lo que cuando se iniciaba un proceso judicial contra ellas los juzgados practicaban la citación o emplazamiento en ese buzón electrónico, suscrito o asignado de oficio. Ello tenía como consecuencia que había quien no tenía conocimiento de la existencia de ese proceso, que seguía su curso con la sociedad o comunidad declarada en rebeldía, en ocasiones hasta sentencia, sin haber tenido oportunidad de defenderse.

Pues bien, el pasado 29 de mayo el secretario general de la Administración de Justicia, comunicó a todos los secretarios de gobierno de los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo su obligación de notificar la citación o primer emplazamiento a las sociedades y demás personas jurídicas demandadas —y también a los entes sin personalidad jurídica con capacidad para ser parte, ex artículo 6.1,5º LEC, como son las comunidades de propietarios— de forma presencial en su domicilio, y no de manera telemática.

Dicha comunicación se produjo tras la publicación en el BOE de la STC 47/2019, de 8 de abril, que falló a favor de una empresa que fue citada para un acto de conciliación y para el posterior juicio laboral en su dirección electrónica habilitada, en lugar de mediante correo certificado en su domicilio social, por lo que, al desconocer dicha comunicación telemática, los representantes de la empresa no comparecieron en el juzgado, fueron declarados en rebeldía, y se estimó la demanda contra ella sin tener oportunidad de defenderse.

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18

Mar 2019

Subvenciones destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables: energía solar fotovoltaica.

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Hoy se se publica en el BORM  el extracto de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de autoconsumo de energías renovables, con la instalación de energía solar fotovoltaica en viviendas conectadas y no conectadas a la red de distribución en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

  • Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas propietarias, arrendatarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
  • Procedimiento: Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras.
  • Plazo para presentar la solicitud: 45 días a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto.
  • Forma de presentación:electrónica o de manera presencial.
  • Total presupuestado: 300.000€

Una buena oportunidad para quien estuviera pensando en una instalación de estas características. 45 días a partir de hoy

José Ignacio Martínez Pallarés

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03

Mar 2019

Salvar el voto en una junta de propietarios.

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Dice el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que los acuerdos de la junta de propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios, cuando resulten gravemente lesivos para los interese de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportar o se hayan adoptado con abuso de derecho, y a continuación añade que «2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta…», además de los ausentes y los indebidamente privados del derecho de voto.

La cuestión es, qué significa «salvar el voto», una exigencia que fue introducida por la Ley 8/1999, de 6 de abril, porque hasta dicha reforma quien estaba legitimado para impugnar los acuerdos de junta era cualquier propietario disidente.

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